Los juzgados de Madrid permiten la vulneración del derecho a la vivienda

Desde el Centro de Medios de la Semana de Lucha por el Derecho a la Vivienda nos envían esta información:

LOS JUZGADOS DE MADRID
PERMITEN LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA

 

La tramitación de los procedimientos de desahucio, ya sea
ejecución hipotecaria o desahucio en alquileres, ha aumentado con
motivo de la crisis que sufrimos desde 2007. El número de familias
que han perdido su alojamiento por motivos económicos asciende a
centenares de miles, contándose, sólo en la Comunidad de
Madrid, una media de 40 desahucios diarios, y en torno a 200 en todo el
Estado.

Esta situación significa una quiebra sin paliativos de los
principios del Estado Social y Democrático de
Derecho
que preside el ordenamiento jurídico
(artículo 1 de la Constitución). Por un lado, la
vulneración sistemática del derecho a la vivienda impide
considerar a España un Estado Social. Por otro lado, el
incumplimiento de las normas internas e internacionales sobre vivienda
(art. 47 CE, Declaración Univ. Derechos Humanos, Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales),
impide considerar a España un Estado de Derecho.

 

En materia de vivienda, la situación es equivalente a
la de un “estado fallido”

 

Un ejemplo de la disolución del Estado de Derecho para millones
de personas, es la práctica cotidiana de  los desahucios, en
la que no se contempla ninguna medida de protección del derecho a
la vivienda, siguiéndose una tramitación indiferente a su
vulneración.

    • Se deniegan las peticiones de suspensión incluso en los
      casos en que no existe alternativa habitacional o se alegan motivos
      humanitarios.
    •  También se deniega la suspensión aunque se
      esté en proceso de asignación de Letrado de Oficio para
      las personas sin recursos.
    • No existe un servicio de información adecuado para las
      personas amenazadas de desahucio, en claro contraste con los
      servicios jurídicos que asesoran a las entidades
      financieras.
    • Se recaba el auxilio policial para ejecutar los desahucios,
      impidiendo así la prestación de auxilio popular que
      surge de personas defensoras de los Derechos Humanos hacia l@s
      desahuciad@s.

 

El sistema judicial debe velar por la protección de los derechos
de las personas, teniendo como bien jurídico superior la dignidad
humana, el respeto a los derechos fundamentales por parte de las
autoridades y el imperio de la ley, que fundamenta todo el ordenamiento
legal. Por ello, solicitamos:

    1. Adopción de medidas en la práctica
      judicial diaria en relación con los desahucios que garanticen
      la protección de los Derechos Humanos y Constitucionales
      afectados.
    1. Paralización de cualquier desahucio que
      conlleve la pérdida de alojamiento.
    1. Apertura de una investigación sobre las entidades
      financieras
      y otros presuntos responsables de la
      pérdida masiva de vivienda, poniendo al servicio de tales
      actuaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que en la
      actualidad se destinan a desahucios y derribos.

 

Mientras no se adopten estas medidas, apoyamos y
animamos A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA entre los
funcionarios públicos frente a desahucios y cualquier otra
actuación que conlleve la violación del derecho a una
vivienda digna.

 

Declaración Universal
de Derechos Humanos de 1948.

 “Art. 25.
1.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda
, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad.”

 

Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ratificado en
1977):

Art. 11.- Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido
y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia.

 

Constitución de
1978:

Art. 1.- España se
constituye en un Estado Social y Democrático de
Derecho
, que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político.”

Artículo 9.2. – Corresponde
a los poderes públicos promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra
sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social.

Artículo 10.1.- La dignidad de la
persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de
los demás son fundamento del orden político y de la paz
social.

 2. Las normas
relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por
España.”

Art. 47.- Todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada. Los poderes públicos promoverán las
condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para
hacer efectivo este derecho,
regulando la utilización del
suelo de acuerdo con el interés general para impedir la
especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere
la acción urbanística de los entes
públicos.”

“La Vivienda es un Derecho, no un negocio.
¡Tómalo!”

SEMANA DE LUCHA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA
CENTRO DE MEDIOS
Teléfono: 639 575 189
eMail: semanadeluchavivienda@nodo50.org
Web: http://ministeriodevivienda.info/
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