Artículo que recibimos del grupo de trabajo de Política a Corto Plazo de SOL, donde se comenta el informe realizado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, donde se ponen de manifiesto las deficiencias del sistema electoral en nuestro país.
Lo llaman democracia y también la OSCE recomienda que lo sea de una vez
por Política Corto Plazo
Sabemos que la democracia nacida de la transición posfranquista restringe considerablemente la participación ciudadana en el debate público y en la toma de decisiones políticas. Se nos consulta sólo cada cuatro años, cuando los partidos necesitan nuestros votos en las elecciones. Sabemos además que el Parlamento conformado con esos votos no es representativo porque es el resultado de un sistema electoral nada proporcional, como se pudo comprobar en las ultimas generales del 20N. Gracias a esta injusta ley electoral el partido en el Gobierno pasó -con un pírrico aumento del 0.96% de votantes y apoyado por apenas un 30% del electorado- desde la oposición a la mayoría absoluta que le otorga poder omnimodo para ejecutar sin interferencias el rodillo de recortes que sufrimos.
En esta tarea de denuncia y propuesta de nuevas alternativas, a veces incluso los propios organismos institucionales que cuestionamos -como la OSCE- no pueden dejar de darnos la razón. Esta organización goza de una importante capacidad de atracción mediática en su función de observador internacional de los procesos electorales, como se demostó recientemente cuando denunció las irregularidades en las elecciones rusas. Pero apenas nadie conoce, pues ha sido celosamente silenciado por el poder mediático y político de nuestro país, que esta misma organización evaluó las elecciones generales del 20N en España. Lo hizo sólo como invitado, pues nuestra ley electoral «no contempla la presencia de observadores internacionales ni de observadores nacionales que no sean los designados por partidos políticos»). El resultado de esta visita es un informe que puedes descargarte en http://www.osce.org/es/odihr/elections/88488
En líneas generales, el informe destaca la escasa proporcionalidad de un sistema electoral que «no respeta completamente la igualdad de voto a nivel nacional» y «favorece a partidos con considerable influencia a nivel estatal y provincial». Igualmente, apunta al golpe bipartidista que supuso la última reforma de la LOREG al señalar que «las candidaturas potenciales de partidos sin representación parlamentaria y aquellas presentadas por grupos de ciudadanos no reciben un trato igualitario». Aparte, dicho trabajo indica ciertas parcelas que son manifiestamente mejorables dentro de un esquema electoral en el que «los votos en blanco no se tienen en cuenta en la asignación de escaños», «el nivel de subvenciones es demasiado generoso y debería reducirse» y en el que sería necesario «proporcionar un curso de formación a los miembros de la Mesa Electoral para mejorar su eficiencia el día de las elecciones».
La OSCE también llama la atención acerca de la falta de transparencia de «los informes financieros de las candidaturas electorales», la escasa supervisión de la «cobertura mediática del proceso electoral» y la poca publicidad de las reuniones y sesiones de la Junta Electoral Central. Ésta -dice el estudio- «recibió numerosas reclamaciones el día de las elecciones, la mayoría de ellas presentadas por el movimiento del 15-M, pero no parece que las haya publicado en la fecha de publicación de este informe». Además, en esta ocasión se incide de nuevo en irregularidades ya puestas de relieve con anterioridad por los informes GRECO, sometidos a un bloqueo informativo similar al de este informe, sobre el Tribunal de Cuentas y la financiación de los partidos políticos.
Finalmente, el informe pone sobre la mesa los graves hechos contra la libertad que denunciamos durante la campaña, pues incide en que los «apoderados de los partidos, en ocasiones, parecían dominar y daban la impresión de estar en control del proceso el día de las elecciones». Sin olvidar la vulneración del secreto del voto que también manifiestan sus páginas, ya que «la ley electoral no garantiza completamente el respeto del carácter secreto del voto, un principio fundamental para las elecciones democráticas».
